Martha Sepúlveda, de 51 años, y Víctor Escobar, de 60, ambos enfermos no terminales, consiguieron en los últimos días ejercer su derecho a morir dignamente en Colombia.

Escobar fue el primero en recibir la eutanasia, el viernes. Padecía la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes, hipertensión, entre otros problemas.

“Se logró llegar al objetivo de que pacientes como yo (…) llegáramos a ganar esta batalla, que abre las puertas para los demás pacientes que vienen detrás de mí y que, en estos momentos, desean una muerte digna”, dijo Escobar en su mensaje de despedida antes de ser internado para el procedimiento en una clínica de Cali.

El hombre en las múltiples entrevistas que le realizaron en las últimas semanas mostró dificultades para hablar y moverse. Fue camionero y desde hace varios años sufrió de EPOC y otras enfermedades, como las secuelas de un accidente cardiovascular, depresión y artrosis severa, enfermedades que fueron deteriorando su condición de vida y lo hicieron depender incluso de alguien más, porque no podía valerse por sí mismo.

Empezó desde hace dos años a buscar la forma de que le practicaran la eutanasia, pero se encontró con barreras, como que centros médicos negaran el procedimiento porque no era un paciente terminal.

Por su parte, Sepúlveda es la segunda persona sin una enfermedad en estado terminal en recibirla, después de que la Corte Constitucional lo autorizó el pasado julio para este tipo de pacientes.

Sin embargo, a la mujer colombiana, que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en septiembre le cancelaron la eutanasia a pocas horas de que se la fueran a practicar.

Sepúlveda falleció el sábado en el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol), en la ciudad de Medellín, después de una incansable lucha por ejercer su derecho a morir dignamente, que en Colombia es legal desde 1997, aunque no se empezó a ejercer hasta 2015.

El fallo de julio de la Corte, que modifica el “homicidio por piedad” del Código Penal y que antes contemplaba penas de hasta 54 meses de prisión, anula ese primer requisito de que la persona que lo solicite padezca una enfermedad terminal, y lo hace motivado por las barreras que aún persisten en el país para ejercer este derecho.

El caso de Sepúlveda se conoció el pasado septiembre cuando, en un reportaje de Noticias Caracol, contó su deseo de morir: “Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila (…). Cobarde seré, pero no quiero sufrir más, estoy cansada. Lucho por descansar”, dijo la mujer, quien agregó que la certeza de morir le daba “tranquilidad”.

Desde que fue diagnosticada, la mujer empezó a perder fuerza en las piernas y cada vez se le hizo más difícil caminar distancias largas, lo que empeoró su calidad de vida.

No obstante, horas antes de que le practicaran el proceso en septiembre, Incodol decidió cancelar el procedimiento al “contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente” con el que “se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado”, según señaló en un comunicado.

Entonces, un juez de Medellín ordenó al centro médico volver a programar la eutanasia, “siempre y cuando esta (Sepúlveda) mantenga su voluntad de practicarlo”. Y la entidad prestadora de salud dio la autorización y “se realizó el procedimiento”, según confirmaron al diario local El Colombiano.

Eutanasia en Colombia

Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia y es uno de los pocos del mundo donde es legal después de que el Constitucional consagrara en 1997 la muerte digna como un derecho fundamental en caso de enfermedad terminal, cuando el paciente sufriera de mucho dolor, la solicitara de forma voluntaria y la realizara un médico.

A pesar de que es legal desde 1997, no se comenzó a ejercer ese derecho hasta 2015 y los procedimientos aún enfrentan barreras, como que solo se realiza en determinadas ciudades y muchos centros médicos no saben cómo actuar.

En el país tan solo se han realizado 94 procedimientos de eutanasia desde abril de 2015 hasta el 8 de mayo de 2020, según el Ministerio de Salud, que cuenta los casos desde que se permitió el procedimiento.

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